lunes, 19 de diciembre de 2011

Libertad de Empresa?

El otro día tuve la triste experiencia de ver como las fuerzas del orden, en ejercicio legitimo de sus funciones, impedían a un establecimiento comercial realizar una actividad para la que reunía todos los requisitos, excepto el de tener un papelito donde la Administración correspondiente le autorizase a ello. Actividad que, dicho sea de paso, no perjudicaba a nadie.

Ello lógicamente, y mas con la paupérrima situación económica que viven nuestras administraciones publicas, dio lugar a la correspondiente y cuantiosa sanción que será debidamente recurrida y muy probablemente anulada.

Pero con la que esta cayendo estas cosas me parecen cada vez mas dramáticas, porque al final lo que se impide es a un negocio desarrollar su actividad, generar ingresos y en definitiva puestos de trabajo.

Casualmente hace un año comenté en esta misma columna la entrada en vigor de una nueva Ley en la Comunidad Valenciana que facilitaba la apertura de establecimientos públicos de tipo recreativo. Pero se dejaban fuera al resto de actividades comerciales.

Sin embargo la Comunidad de Madrid, con el fin de crear empleo, ha dado un paso adelante en este sentido y esta semana ha aprobado una Ley que, además de dar libertad total de horarios comerciales, permitirá la apertura de todo tipo de establecimientos comerciales sin necesidad de esperar ni a la licencia de apertura ni siquiera a la licencia de obras.

Al igual que con la Ley valenciana, pero en este caso para todo tipo de actividad, será suficiente con la presentación en el ayuntamiento correspondiente de una declaración responsable, basada en la buena fe del comerciante, junto con el proyecto técnico que deberá estar de acuerdo con la normativa relativa a edificación y, como no, el pago de la tasa correspondiente.

De esta forma el control administrativo de la legalidad de la instalación se hace a posteriori. Y eso si, si se detecta que el establecimiento no cumple con los requisitos, urbanísticos en general y de la actividad concreta en particular, se sancionará al titular y se cerrará el establecimiento. Y es que lo lógico es pensar que un empresario cuando abre su negocio lo hará cumpliendo la normativa vigente, ya que no tendría sentido invertir dinero en algo que se lo pueden cerrar por no reunir los requisitos establecidos para esa actividad.

Este sistema destruye de una vez por todas la presunción de que los ciudadanos somos incumplidores de normas natos si no demostramos lo contrario, vamos la presunción de culpabilidad proscrita expresamente por las leyes pero implícita en muchas de ellas .
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