La Rentabilidad de la Justicia

Los problemas que arrastra la Administración de Justicia, que en Castellón y en toda la Comunidad Valenciana han sido noticia esta semana, tienen, aunque en un primer término pudiera no parecerlo, un grave impacto para la economía.

Cualquier persona mínimamente instruida va a poder concluir que para que un país se considere desarrollado ha de contar con un sistema judicial rápido y fiable. Para ello es necesario no únicamente un ordenamiento jurídico claro, cosa que compete al poder Legislativo, y pronunciamientos judiciales coherentes que den seguridad a los ciudadanos para saber cual es la interpretación que de aquel hacen los tribunales para comportarse en coherencia con ello, lo que corresponde al poder Judicial, si no también una Administración de Justicia eficiente. Ello es un conjunto de medios materiales y humanos puestos al servicio de los tribunales para que su labor sea rápida y eficaz. Lo que compete al poder Ejecutivo.

Pues bien parece que para los políticos que dirigen la Administración de Justicia esta es la hermana pobre entre sus competencias. La explicación de ello puede estar en que consideran que ello es poco rentable en términos de rentabilidad electoral, ya que que la Justicia funcione bien no es noticia que les permita hacerse fotos, sino algo que todos consideramos que debe ser así por el mismo pacto social de convivencia.

Las consecuencias de esta consideración como algo menor es la tradicional escasez presupuestaria para el funcionamiento deseable de la Justicia. Esta semana ha sido el impago al servicio de correos que llevo a este a paralizar las notificaciones que salían de los Juzgados de la Comunidad Valenciana. Pero hay otras muchas. Falta de folios en los Juzgados, impago a los abogados que desempeñan el turno de oficio, y que todo hay que decirlo todavía no han dejando de desempeñar su función a pesar de ello, etc.

Parte de estos problemas es cierto que mejorarían si se procediera por el Legislativo a acometer una autentica reforma del sistema dirigida a su modernización tecnológica. Pero de momento a nuestros gobernantes les debemos exigir que destinen los medios necesarios para que la Justicia, como esta regulada, funcione, ya que en otro caso no habrá inversor extranjero que se atreva a poner un euro aquí sabiendo que si tiene un problema y tiene que acudir a los tribunales a lo mejor su demanda no prospera porque a su contrario nunca le llega la citación.

(Publicado en la sección Empresa del Periódico Mediterráneo del día 27 de marzo de 2011)