lunes, 14 de marzo de 2011

Mas Restricciones a los derechos individuales

Nuestros gobernantes no nos dejan en paz ni un minuto en su afán de tutelar todas nuestras decisiones, como si de niños pequeños carentes de capacidad para dirigir nuestras vidas se tratara. La última que nos tienen preparada es la futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Ahora se trata de sancionar a todo aquél que, en “todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social” y especialmente en materia de empleo público y privado, trabajo por cuenta ajena y propia, afiliación y participación, educación, sanidad, prestaciones y servicios sociales, acceso a bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda, medios de comunicación y publicidad, discrimine a alguien por razón de “nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.¡Toma ya!

Vamos, que hubiéramos acabado antes diciendo que se prohíbe toda discriminación por cualquier motivo. Pero eso ya lo dice la Constitución que aunque en nuestro ordenamiento jurídico es una norma de aplicación directa, a nuestra ínclita Ministra de Sanidad no le parece suficiente y nos ha de regalar una Ley más.

Si bien nadie critica el loable fin de la Ley, como el de casi todas, en este caso el de prevenir la discriminación, el detalle de la norma es más que criticable. En primer lugar porque se establece, una vez mas, una inversión de la carga de la prueba y una ruptura del principio de presunción de inocencia. En virtud de esta Ley si alguien nos denuncia alegando que lo hemos discriminado por alguno de los motivos antes descritos vamos a tener que ser nosotros los que probemos que eso no ha sido así.

Ya critique en su día las obligaciones que se imponían a las empresas como consecuencia de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta nueva Ley solo viene a imponer mas obligaciones a todos y en especial a las empresas y profesionales que deberán documentar debidamente todos los procesos de su día a día no sea caso que sean denunciadas por discriminación por, por ejemplo, no querer vender a un cliente que no les merezca solvencia.

La segunda critica se centra en que la Ley, como no podría ser de otro modo, crea un nuevo organismo administrativo que velará por el cumplimiento de la Ley con capacidad para imponernos sanciones que Irán de 150,00 a 500.000,00 euros. Vamos más sanciones económicas. Gran idea en momentos de dificultades económicas tanto por el coste a las arcas públicas que ello va a tener como por el prejuicio que dichas sanciones supondrán para las empresas que bastante hacen, con la que está cayendo, para mantener el empleo y seguir abiertas.

(Artículo publicado en las paginas de Empresa del Periódico Mediterráneo del día 13 de marzo de 2011)

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