Artículo publicado en Levante de Castellón el sábado 9 de Febrero de 2013

Los impuestos se han convertido en parte esencial de los estados modernos, pero no en todos los estados la presión fiscal es similar. Este hecho lleva a que, en un mundo globalizado, aquellos que pueden elegir donde tributar por gozar de medios materiales, o porque su actividad se lo permite, o porque tienen acceso a los conocimientos necesarios para ello, opten por pagar impuestos en aquel lugar que les ofrece menor tributación. Esto no supone cometer un delito.

Se nos educa en la creencia que quien no contribuye fiscalmente con lo que el estado establece como justo es un insolidario y debe ser perseguido. Sin embargo, la solidaridad se basa en la libertad, que es lo contrario de la coacción en la que se basan los impuestos.

Muchos estados someten a sus poblaciones a una excesiva e injusta tributación para mantener servicios públicos no esenciales, los cuales en muchas ocasiones compiten deslealmente con la iniciativa privada. Mientras, por otro lado, conceden periódicamente amnistías fiscales para intentar repatriar los fondos de quienes han podido evitar el pago de dichos impuestos.

Esto ha ocurrido siempre y en todos los países. En España desde la democracia vamos por la tercera -si mi memoria no me falla- aprobadas por gobiernos de todos los colores. Países como Italia, Alemania, Bélgica o Grecia han adoptado en los últimos años iniciativas similares.

Las amnistías fiscales, por mucho que se nos diga ahora lo contrario como consecuencia de los escándalos políticos, borran todo ilícito fiscal. Es consustancial a ellas mismas. Así se configuró la ultima amnistía fiscal aprobada mediante en el Real Decreto-ley 12/2012. Tras ella, quienes hayan regularizado su situación tributaria no podrán ser acusados de delito fiscal, ya que presentaron la correspondiente declaración complementaria y pagaron lo que se estableció legalmente.

Ahora bien, la cuestión no es si el dinero es blanco o negro, ese debate está cerrado gracias a la amnistía fiscal. Desviar el debate a ese punto es una cortina de humo. Lo realmente importante es el origen del dinero. Determinar  si para conseguir esos fondos se cometió algún tipo de delito, como pudiera ser la prevaricación o el cohecho. A ese fin es al que se han de destinar todos los mecanismos del estado de derecho.