Artículo publicado en Levante de Castellón el 9 de marzo de 2013.

La Inquisición del Siglo XXI, artículo del sábado pasado en Levante de Castellón:

Les voy a confesar una cosa, cada vez que veo al Sr. Montoro, Ministro de Hacienda, me parece estar viendo al mismísimo Torquemada, Inquisidor General del Reino de Castilla y Aragón. Y es que los paralelismos entre el sistema fiscal que nos ahoga y la pureza de fé que perseguía la Santa Inquisición son muchas.

La inquisición decía perseguir a aquellos, principalmente judíos, que se habían convertido al cristianismo con la “despreciable” intención de permanecer en la Península o salvar la vida, pero que en el fondo seguían practicando el judaísmo. Ahora, se persigue a los contribuyentes bajo la excusa de que los impuestos son para que no seamos insolidarios y prestarnos servicios públicos de calidad.

Ambas premisas esconden intenciones no declaradas. En el caso de la Inquisición, la creación de un órgano con competencias tanto en el Reino de Castilla como en el de Aragón bajo el mandato directo de la Corona, para poder eliminar obstáculos que entorpecieran las políticas Reales. En el caso del sistema fiscal, el dotar de medios económicos a entes ineficientes que si se sometieran a las reglas del libre mercado no subsistirían pero que, aunque presten deficientes servicios públicos, garantizan poder para quienes los dirigen que son los mismos que crean y gestionan los impuestos.

Además la Inquisición también tenía una finalidad recaudatoria velada a través de la incautación de los bienes de los impíos, generalmente judíos acaudalados.

En ambos casos el sistema se hace depender de un órgano especialmente dedicado a perseguir a aquellos que no cumplen con la norma establecida, al que se le dota de grandes medios. Por un lado la Santa Inquisición y por otro la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Inquisición imponía penas aberrantes acompañadas del público escarnio, que iba desde los paseos a lomos de burros con capirotes hasta los actos de fe con ejecuciones públicas. La pública humillación era el elemento esencial que servía de ejemplo de lo que les pasaba a los que no cumplían la norma. Sin esto el sistema no podía cumplir su finalidad.

Pues bien, en el siglo XXI se pretende llegar a lo mismo. Ahora el Sr. Montoro nos amenaza con que publicará el nombre de los defraudadores mayores del Reino, como si las sentencias de los Tribunales de Justicia en España no fueran públicas ya. Cualquiera puede acceder a ellas. Internet va llena y los periódicos se hacen eco de las más destacadas todos los días.

Lo que se pretende es una coacción más para que seamos “buenos” contribuyentes. Pero, ¿quien controlará esa lista? ¿la Administración Tributaria? Me da la impresión que con ello lo que se busca es saltarse el control de la Justicia, de forma que con el miedo de aparecer en la lista se consiga recaudar a toda costa, de forma que si después un Tribunal reconociera la injusta inclusión de un nombre en ella, el daño ya estaría hecho y sería irreparable.