lunes, 1 de febrero de 2016

La Comisión supervisará la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno español para prevenir las prácticas abusivas de los bancos



El Parlamento Europeo ha reconocido que las políticas de austeridad han sumido en la pobreza a millones de ciudadanos de la UE en el sur de Europa, especialmente en España y en Grecia, y que en España cada día pierden su hogar 95 familias, mientras que en Grecia el valor de los préstamos hipotecarios con impagos superiores a 90 días ha superado los 21.000 millones de euros. Así lo certifica la Resolución del Parlamento Europeo sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España, cuyo análisis acabamos con este artículo.

La Comisión se ha propuesto supervisar estrechamente la aplicación efectiva de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno español para resolver los problemas actuales y prevenir las prácticas abusivas de bancos y operadores. Además, con el fin de proteger la solidez del sector financiero de la Unión, la ABE y el BCE adoptarán medidas adicionales encaminadas a separar las operaciones potencialmente arriesgadas de las actividades de constitución de depósitos, cuando el ejercicio de dichas operaciones pueda comprometer la estabilidad financiera.

La Comisión y al BCE evaluarán el mecanismo de arbitraje establecido en España para los ciudadanos que son víctimas de fraude financiero. La Comisión supervisará la correcta transposición y aplicación de la legislación de la UE por parte de España en el ámbito de los instrumentos financieros, incluidas las participaciones preferentes, verificará las quejas recibidas y llevará a cabo las investigaciones necesarias. Se presentará una propuesta legislativa sobre la insolvencia de las familias y la apertura de segundas oportunidades para los particulares y los hogares.

Y por último, el Parlamento Pide a la Comisión que examine la oportunidad de revisar el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/17/UE, en consonancia con la cláusula de revisión establecida en la propia Directiva, con el fin de garantizar que los procedimientos de liquidación de la deuda y la relación contractual entre el consumidor y el prestamista se integren en todas las fases del contrato.

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