jueves, 17 de diciembre de 2015

Las audiencias de Alicante y Valencia condenan a Banco Sabadell a devolver el dinero a los afectados por las cuotas participativas de la CAM

Los Tribunales dan la razón a los afectados por la compra de cuotas participativas de la CAM que recuperarán el dinero invertido. 

Los juzgados de Primera Instancia y las Audiencias de Valencia y Alicante están sentenciando reiteradamente, en las demandas formuladas por los afectados por las cuotas de la CAM, que tienen derecho al reembolso de las cantidades abonadas por la compra de estos complejos productos financieros.

Las sentencias reconocen que, al igual que pasó con las preferentes y subordinadas, la cuotas participativas de la CAM eran un producto complejo que, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, para su comercialización se requerían ciertas cautelas en cuanto a la información que había que ofrecer a los clientes. La entidad incumplió estas recomendaciones y vendió mayoritariamente estos productos a inversores particulares cuando se trataba de productos reservados a inversores profesionales.

En estos, casos ademas de la controversia citada, los pleitos han generado un conflicto entre Banco Sabadell, comprador del Banco CAM, y la Fundacion CAM, quien ha mantenido el nombre, respecto de quién era el responsable de reintegrar el dinero a los inversores. Si bien en un principio las demandas fueron presentadas tanto contra la Fundación CAM como contra el Banco Sabadell, los tribunales han entendido que, al margen de una cierta responsabilidad nominal de la Fundación CAM, el responsable real y último, y quien debe por tanto devolver el dinero a los afectados, es el Banco Sabadell, pues fue éste el que asumió las obligaciones derivadas de las cuotas participativas al comprar el Banco CAM por un euro.


Por ultimo, es interesante destacar que las sentencias condenan al Sabadell a devolver no solo la cantidad invertida, más los intereses legales desde la fecha de la compra, si no también a abonar los costes de los abogados y procuradores de los perjudicados.
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