Se habla de reformar la Ley Hipotecaria para evitar el drama de los desahucios.
Desde mi punto de vista esa no es la solución.
La Hipoteca es una garantía que se constituye para el caso de que se
incumpla un contrato, generalmente un préstamo. Así si no se pagan las cuotas
responde el inmueble sobre el que se ha constituido, el cual se sacará a
subasta y lo que se obtenga se dará al acreedor. Hasta aquí es igual en todos
los sistemas jurídicos.
Pero en caso de que aún así se siga debiendo dinero los sistemas jurídicos
toman distintos derroteros. Por un lado el sistema, que podemos llamar anglosajón,
considera que con ello el deudor queda liberado de todas las deudas. Por otro
el que, como nuestra Ley Hipotecaria, considera que el deudor sigue debiendo la
diferencia hasta el total importe de la deuda. Pero en ambos casos una vez subastada
la casa hay que abandonarla o se es desahuciado.
La solución para los desahucios ha de venir, por un lado, de normas como el
Decreto Ley aprobado por el Gobierno estableciendo una moratoria en casos de
grave penuria económica. A este respecto debo decir que creo que nuestros políticos
por primera vez en mucho tiempo han hecho buen uso del Decreto Ley, pues en
esta ocasión sí que existía una situación de urgencia que lo justificara.
Por otro lado se ha de hacer por los Tribunales una restrictiva interpretación
de algunas clausulas de los contratos de hipoteca adecuándolos a la dura realidad
social que vivimos, como establece el Código Civil que se ha de hacer con toda
norma.
La reforma de la Ley Hipotecaria supondría un cambio sustancial del mercado
inmobiliario. Las entidades financieras reducirían aun más la concesión de
hipotecas y exigirían condiciones más duras, lo que redundaría en menos ventas
de viviendas. Por el contrario probablemente activaría, de una vez por todas,
el mercado del alquiler. En cualquier caso es una decisión de trascendentes
consecuencias que debe ser meditada y consensuada.
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