lunes, 25 de enero de 2016

El Parlamento Europeo denuncia que unos 700.000 ciudadanos españoles han sido víctimas de fraude financiero


El Parlamento Europeo ha reconocido que las entidades bancarias no informaron debidamente a los consumidores sobre el alcance de los riesgos inherentes a las inversiones que se les proponían, y dichas entidades tampoco realizaron pruebas de idoneidad para determinar si los clientes disponían de conocimientos suficientes para entender los riesgos financieros a que se exponían, por lo que muchos de los ciudadanos afectados son personas de edad que invirtieron los ahorros de toda su vida en fondos que, según las informaciones que recibieron, creían sin riesgo. Así aparece en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España que venimos analizando en los últimos artículos.

Se calcula que, en los últimos años, 700.000 ciudadanos españoles han sido víctimas de fraude financiero, dado que sus entidades bancarias les vendieron de forma desleal instrumentos financieros de riesgo sin informarles debidamente del alcance de los riesgos ni de las implicaciones reales de la imposibilidad de acceder a sus ahorros. Aun existiendo un mecanismo de arbitraje establecido por las autoridades españolas ha sido rechazado por muchas de las víctimas de fraude financiero.

El Abogado General de la UE ha señalado a la Comisión sus dudas acerca de la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno español con el fin de dar solución a los incumplimientos denunciados por el Tribunal de Justicia el 14 de marzo de 2013 y evitar las prácticas abusivas en el sector hipotecario.

La Comisión se propone emprender campañas de información sobre los productos financieros y reforzará los conocimientos en materia financiera con medidas de formación, con miras a garantizar que los ciudadanos europeos estén mejor informados de los riesgos inherentes a la adquisición de productos financieros. Toda vez que deberá compartir las mejores prácticas que refuercen la protección de los ciudadanos en situaciones de dificultad económica, porque considera que una formación financiera básica debería considerarse un valor complementario para evitar las consecuencias de un endeudamiento excesivo.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) y al Banco Central Europeo (BCE) deberán emprender una campaña de mejores prácticas dirigida a alentar a las entidades bancarias y a su personal a que ofrezcan una información clara, comprensible y correcta; de forma que los consumidores puedan tomar decisiones informadas partiendo de un conocimiento exhaustivo de los riesgos en que pueden incurrir, y que los operadores y las entidades bancarias no puedan inducir a error a los consumidores.

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