La Comisión Europea elaborará una lista negra de entidades financieras

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que elabore una lista negra exhaustiva de entidades financieras en toda la Unión implicadas con frecuencia en malas prácticas bancarias, según aparece en la Resolución sobre la legislación hipotecaria e instrumentos financieros de riesgo en España de la que hablamos en el anterior post.

Los tribunales nacionales y europeos han detectado varias cláusulas y prácticas abusivas en el sector hipotecario en España (Banco Español de Crédito, Catalunyacaixa), que debían haber prevenido las Directivas Europeas si se hubiera procedido a su plena transposición y aplicación en España.

En 2013 las autoridades españolas aprobaron por procedimiento acelerado la Ley 1/2013, de medidas de refuerzo de la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, pero la Directiva sobre créditos hipotecarios (2014/17/UE), sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, se aplicará a los acuerdos de crédito hipotecario que entren en vigor después del 21 de marzo de 2016 y requerirá que los acreedores informen a los consumidores acerca de las principales características del acuerdo de crédito.

Pese a que el Parlamento español aprobó un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, éste ha sido ignorado en gran medida por los organismos financieros por su carácter voluntario y ha tenido resultados muy limitados a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago, debido a que los requisitos de admisibilidad descalifican a más del 80 % de los afectados.

Por todo ello, el Parlamento insta a los estados miembros a incorporar a su ordenamiento interno una directiva la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (Directiva sobre créditos hipotecarios) y pide a la Comisión que elabore propuestas legislativas destinadas a armonizar las cláusulas de los contratos hipotecarios y los procedimientos de reembolso de la deuda con miras a reforzar la protección de los consumidores en toda la UE, teniendo también en cuenta la posibilidad de introducir la dación en pago en todos los Estados miembros.