lunes, 23 de marzo de 2009

Ley de lucha contra la morosidad

La actual situación económica esta haciendo que muchas empresas estén alargando de forma abusiva los plazos de pago. De esta forma, y ante la política de restricción del crédito que están aplicando las entidades financieras, se financian a costa del proveedor, entrando en el círculo vicioso de la morosidad. Como consecuencia de ello a las empresas que sufren esta situación les resulta muy difícil cubrir sus gastos ordinarios durante el tiempo que va de la entrega del bien o servicio al cobro, llegando en algún caso a ver comprometida su supervivencia.

Para paliar este mal, que no es nuevo si bien con la crisis se ha agudizado, en el año 2004 se dictó la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. Esta norma incorporaba al derecho español una directiva de la Unión Europea por la que se pretendía homogeneizar la regulación de cada país miembro en esta materia.

En ella se establecen un conjunto de medidas tendentes a impedir que, en caso de ausencia de pacto expreso respecto del plazo de pago, estos se alarguen de forma excesiva. Así se establecen unos plazos máximos de pago y se penalizan los retrasos mediante la imposición al deudor moroso de un tipo de interés de demora agravado.

Como el nombre de la Ley bien indica esta limita su aplicación a las llamadas operaciones comerciales, entendiendo por estas las que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios entre empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, siempre que actúen en ejercicio de su actividad. Asimismo esta normativa también es de aplicación a las relaciones comerciales entre empresas y la Administración.

Esta norma, hasta el momento, no ha tenido una gran difusión pasando casi desapercibida, quizás como consecuencia de que la bonanza económica no la hacia necesaria. Sin embargo la exigencia de su aplicación en la actualidad podría llevar a la reducción de las graves consecuencias que la morosidad esta teniendo en el tejido empresarial, especialmente para las empresas que han contratado estos últimos años con las Administraciones publicas, pues aunque parezca mentira, son en la actualidad uno de los principales morosos entre los distintos actores económicos.

(Artículo publicado en el periódico Mediterráneo el 22 de marzo de 2009)
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