Penalización del impago de alquileres

En alguna ocasión ya he comentado las dificultades que tienen los propietarios de viviendas alquiladas para recuperarlas cuando un inquilino ni paga ni abandona el inmueble.

Una interesante solución a este problema sería la propuesta que el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ha enviado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, recomendando que el impago de alquileres se considere delito. Esto, que puede parecer excesivo, no lo es tanto si se piensa que lo que se propone no es penalizar el impago en sí, si no la no devolución de la posesión de la vivienda si trascurren mas de quince días desde que se dejó de pagar el segundo mes, endureciendo la pena progresivamente a medida que transcurra más tiempo hasta la devolución.

Con ello se produciría en el inquilino que no paga un lógico miedo a ser condenado a una pena de cárcel y a tener antecedentes penales. Medida mucho más efectiva que ser condenado civilmente a pagar y desalojar la vivienda, en un procedimiento que puede tardar muchos meses, si no años, especialmente cuando te encuentras con morosos profesionales que utilizan todas las estratagemas posibles para no ser localizados y que nada tienen que perder.

Además esta medida garantizaría una solución rápida, pues se propone que este nuevo delito se tramitará como juicio rápido, igual que se hace con las alcoholemias o la violencia contra la mujer. De este modo, además de la urgencia con la que se celebraría el juicio, se contaría con el apoyo de la policía para traer al deudor imputado a juicio, recayendo una sentencia en pocos días. Incluso cabria la posibilidad de que el acusado se conformará con la pena solicitada, lo que comportaría el inmediato abandono del inmueble, lo que garantizaría la fuerza pública.

A lo anterior hay que añadir que tambien se propone la creación de un registro de morosos. Así se podría saber, antes de contratar, si aquel a quien se tiene la intención de alquilar un inmueble ha sido condenado por este tipo de actuaciones.

Estas medidas, de llegar a ver la luz y dotarse de medios suficientes a los tribunales para llevarlas a la practica, serían muy efectivas, dando por fin auténtica seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para ponerlas en alquiler.