Tras las vacaciones retomamos el blog. La actualidad viene cargada de temas económicos y jurídicos, cosa de los tiempos que vivimos.
Para empezar ayer fue noticia que el Juez Balatasar Garzón prestaba declaración ante el Tribunal Supremo imputado por un presunto delito de prevaricación.
No es la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional es imputado por prevaricación, en su día ya lo fue el juez Gómez de Liaño que finalmente fue condenado y apartado de la judicatura por una denuncia formulada por Jesús Polanco, a la sazón propietario del grupo de comunicación Prisa, imputado por dicho juez por delitos relacionados con los depositos que Canal+ cobraba por sus decodificadores.
El hecho que un juez pueda sea imputado, procesado y hasta condenado por la comisión de un delito común, si bien es grave por ser él precisamente quien debe aplicar la Ley e impartir Justicia suponiéndole un recto criterio moral, puede ocurrir ya que también son personas sometidas a las pasiones y tentaciones del resto de mortales. Lo que es mucho más grave es que lo sea por prevaricación.
Este delito supone dictar una resolución injusta a sabiendas, conocimiento que por su cargo y estudios necesarios para acceder a él se les supone. Este delito sólo se puede cometer desde el abuso de los poderes que su profesión les concede precisamente para hacer cumplir la Ley, no para infringirla.
Técnicamente no tengo claro que el imputar un delito a personas que manifiestamente están muertas (en primero de Derecho Penal te enseñan que con la desaparición del autor desaparece el delito) para poder declararse competente, como hizo Garzón, sea una resolución injusta. Más bien sería una resolución absurda.
Por lo que creo que debería ser condenado es por malgastar buscando únicamente notoriedad personal los recursos que la Administración de Justicia, que todos pagamos, pone en manos de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional para perseguir los graves delitos de la que esta encargada.
Por mi experiencia puedo asegurar que Garzón no es el único Juez que dicta resoluciones absurdas, e incluso injustas, perjudicando los intereses de los ciudadanos que acuden a ellos en busca de Justicia. Resoluciones que sin duda serían susceptibles de imputarles un delito de prevaricación. La cuestión es quién es el valiente que denuncia a cualquier juez por prevaricación sin tener el apoyo mediático que el Sr.Polanco tenía en su querella contra Javier Gómez de Liaño, sin el escudo de un extraño sindicato como "Manos Limpias" o contra un juez que no haya levantado las ampollas entre algunos compañeros de profesión como en el caso de Garzón.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
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