jueves, 12 de febrero de 2009

De Ministros, Jueces y Partidos Politicos

Como consecuencia de la investigación que lleva a cabo el juez/estrella mediática Garzón sobre un caso de corrupción que pudiera afectar a algunos cargos del PP, este partido va y se enfada y rompe relaciones con el Ministerio de Justicia. Lo grave e irresponsable de esta ruptura es que con ello abandona el "Pacto por la Justicia". Para quien no lo sepa, este "Pacto" es un foro en el que se pretende llegar a acuerdos, al margen de partidismos, para la, tan necesaria, modernización de la justicia.

Aviados estamos!. La única vía para alcanzar compromisos que se cumplieran por todos los gobiernos, presentes y futuros, con independencia del color político, para reformar la administración de la justicia se paraliza, una vez más, por rifirrafes políticos.

Por otro lado el "súper juez" se va de cacería con el Ministro de Justicia el fin de semana. Ello no es sólo una cuestión estética, si no que cuestiona seriamente la imparcialidad del juez, al margen de a quien se investigue. Solo hay que imaginar tener un pleito contra una empresa, y que el juez que va a resolverlo se pase el fin de semana con el director general de la misma. No seria difícil cuestionar la imparcialidad del togado, por más que este en su fuero interno tenga un recto criterio de la justicia que le permita estar por encima de las amistades.

Pues eso es lo que ha pasado en este tema. Los jueces instructores como Garzón están encargados de dirigir la investigación de los hechos que presenten indicios de delito, de forma que si consideran que efectivamente se pudo cometer uno deben enviar toda la información que recopilan a otro juez, llamado "de lo penal", para que este, sin estar contaminado por lo que se haya conocer investigándolo, decida si se cometió o no el delito.

Sin embargo durante la instrucción el juez encargado también debe mantener la imparcialidad y objetividad, respetando el principio de "igualdad de armas" entre las partes. Cosa que en este caso se puede cuestionar que haya ocurrido, puesto que en todo proceso penal por los llamados delitos públicos es parte acusadora el Ministerio Fiscal. La fiscalía no es un poder independiente, como supuestamente lo son los jueces, si no que depende del Ministerio de Justicia, con cuya máxima autoridad en juez en cuestión paso el fin de semana.

A colación de esto me gustaría explicar que la imputación de un delito en la fase de instrucción, aunque para algunos medios de comunicación equivalga a una condena, es únicamente un estado procesal mediante el que se hace saber al imputado que se esta investigando un delito en el que podría haber participado. Tal condición se le concede para garantizarle, desde un primer momento, el derecho de defensa, que no tendría si fuera un mero testigo. Un imputado puede, no solo quedar absuelto, sino ni siquiera llegar a ser juzgado.

Estas situaciones llegan en el peor momento posible cuando atravesamos una profunda crisis económica que esta afectado al animo colectivo. Como comentaba el otro día en el programa gente de la encomia y la empresa, una de las necesidades básicas para cualquier país es una administración de justicia rápida y eficiente, pues la fe en que el Estado goce de un sistema ágil de resolución de los conflictos es clave para recuperar la confianza de los ciudadanos.
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