La huelga de jueces y los ciudadanos

Esta semana en los medios de comunicación se ha cuestionado la legalidad de que los jueces hagan huelga. Parece obvio que hay profesiones que no pueden tener ese derecho. Así, los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden ir a la huelga por la necesaria jerarquía que su organización requiere y la labor que desempeñan. Un paro militar y policial nos dejaría indefensos ante múltiples peligros. Esta limitación es conocida por los que ingresan en dichos cuerpos antes de hacerlo, por lo que no sería de recibo que, una vez dentro, pretendieran incumplir las normas.


En el caso de los jueces no ocurre exactamente lo mismo puesto que no hay una norma especifica que les prohiba ir a la huelga, aunque sí serias dudas sobre tal posibilidad. Los jueces no son unos trabajadores más, sino miembros de uno de los poderes del Estado, el Judicial, y por ello la regulación de sus derechos y deberes no es la de un trabajador más. Esto lo saben mejor que nadie cuando ingresan en la carrera judicial, ya que las pruebas para su acceso consisten en demostrar que conocen a la perfección el ordenamiento jurídico. Así, la Constitución, teniendo en cuenta este hecho, les excluye de algunos derechos que se reconocen al resto de trabajadores, como el de derecho a organizarse en sindicatos, aunque después se hayan creado asociaciones que funcionan como aquellos.

Sin embargo, la polémica sobre la legalidad o no de una huelga de jueces, para mi, carece de sentido. Siendo los jueces los encargados de forma exclusiva de juzgar las infracciones de las leyes, si de forma colectiva y mayoritaria infringieran una (si se entendiera que tienen prohibido el derecho a la huelga), ¿quién les iba a juzgar?.

Pero más allá de esta cuestión están las reivindicaciones que han llevado a las asociaciones de la magistratura a adoptar esta posición de fuerza. Con ellas pretenden la mejora de la organización de los juzgados y de sus condiciones laborales. Las mismas, de forma muy resumida son:



La instauración de una nueva oficina judicial, es decir de una nueva forma de organizarse internamente los juzgados, en la que exista una delimitación concreta de las responsabilidades de los que allí trabajan, ya que no solo están integrados por jueces. (A mi esto me suena a que si alguien mete la pata en un Juzgado se le puedan echar las culpas y no se haga responder al Juez de todo lo que ocurre, como sostienen que ha pasado con el juez Tirado).



La aplicación de las nuevas tecnologías que faciliten la coordinación entre distintos órganos. (Para que no vuelva a pasar que un Juzgado, de por ejemplo Sevilla, no sepa si a quien han condenado ya lo esta también en otro Juzgado, por ejemplo de Asturias, aunque la sentencia no sea firme. Otra vez el caso Mari Luz)



La mejora de la formación de todos los que trabajan en un Juzgado. (Mas de lo mismo. Que les pongan a trabajar a gente que sepa de que va y no meta la pata pagándolo ellos).



Y por último, pero no por ello menos importante, la mejora de sus especificas condiciones laborales en materia de ascensos, traslados y retribución.

Todas la reivindicaciones de los jueces me parecen justas y necesarias. Lo lamentable es que aunque el precario estado de la justicia sea un mal que se arrastra hace tiempo no se haya hecho nada por arreglarlo por quien mas fuerza tiene: los jueces. Ha hecho falta que se haya abierto el debate sobre el funcionamiento interno de los juzgados como consecuencia de la sanción al juez Tirado para que se la judicatura se plante. Sin embargo, los más perjudicados tanto del mal estado de la justicia como de las consecuencias que la huelga pueda tener son los de siempre, los ciudadanos.



(Este articulo es una versión ampliada del publicado en el periódico Mediterráneo el día 18 de enero de 2009)